Castilla-La Mancha blinda la atención a domicilio con una inversión histórica de 58 millones de euros.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado una inversión global de 77,48 millones de euros destinada a consolidar la red pública de servicios sociales para el ejercicio 2026. Este esfuerzo presupuestario permitirá la firma de 664 convenios con entidades locales, asegurando una cobertura total en el territorio regional.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha destacado que esta dotación garantiza la atención en áreas críticas como la dependencia, la discapacidad y la exclusión social, reforzando un modelo de proximidad basado en la igualdad de acceso a los derechos sociales.

Refuerzo histórico en Ayuda a Domicilio

Uno de los ejes principales de esta inversión es el Servicio de Ayuda a Domicilio, que contará con cerca de 58 millones de euros. Según los datos facilitados por la Consejería:

Se alcanzarán los 5,5 millones de horas de atención (185.000 más que el año anterior).
Cerca de 40.000 personas se beneficiarán de este servicio clave para la autonomía personal.
El programa PRAS llegará a más de 510 entidades locales, con especial incidencia en municipios pequeños y zonas rurales.

Crecimiento de la red profesional

La consejera ha puesto en valor la evolución de la red desde 2015, señalando un incremento del 74% en el número de profesionales, pasando de 610 a los 1.062 efectivos actuales. Además, en 2026 se consolidarán 12 nuevas ampliaciones de jornada laboral para mejorar la estabilidad del sistema.

Distribución de los fondos sociales

La inversión autorizada por el Consejo de Gobierno se desglosa en tres grandes bloques:

40,4 millones de euros para el Plan Concertado, financiando a 667 profesionales en 103 convenios locales.
10,8 millones de euros para servicios supramunicipales, garantizando la atención en más de 500 municipios a través de mancomunidades.
26,1 millones de euros específicos para la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio en el ámbito local.

“Esta inversión no es un gasto, es una inversión social que permite garantizar derechos, reforzar la cohesión territorial y asegurar que ninguna persona se quede sin atención, viva donde viva”, ha concluido García Torijano.