El Grupo Socialista advierte de que los requisitos del cheque bebé impuestos por Manuel Serrano dejarán fuera a numerosos comercios de la ciudad de Albacete
Las concejalas Juani García y Verónica García critican la falta de participación, el riesgo de colapso en Acción Social y la exclusión de pymes y emprendedores
Riesgo de colapso en los servicios de Acción Social
La concejala Juani García ha cuestionado la capacidad organizativa para gestionar el volumen de solicitudes previsto sin reforzar el personal municipal. Según ha explicado, el procedimiento requerirá abrir expediente para cada petición y verificar el cumplimiento de los requisitos de empadronamiento —que exigen a los progenitores estar empadronados al menos tres años antes de la solicitud y permanecer otros tres años más—. Asimismo, se deberá analizar la tipología de los productos adquiridos conforme a un listado fijado que no se define como excluyente.
García ha advertido de que la llegada de miles de peticiones para este programa puede llegar a colapsar un área municipal de Acción Social que actualmente ya soporta una elevada carga de trabajo.
Exclusión de comercios y falta de apoyo al emprendimiento
Por su parte, la concejala Verónica García ha criticado las prisas en la tramitación del anuncio y ha señalado que las condiciones impuestas excluyen a una parte significativa del tejido empresarial local. Las bases contemplan que los establecimientos adheridos no pueden superar los diez trabajadores y deben contar con un alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) anterior al 1 de junio de 2024.
A este respecto, García ha indicado que la norma deja fuera tanto a pequeños comercios que rebasen los diez empleados como a aquellas empresas constituidas con posterioridad a la fecha límite, lo que, a su juicio, perjudica el fomento del empleo y la actividad emprendedora en la ciudad.
Criterios de concesión y equidad social
Finalmente, la edil socialista ha cuestionado el sistema de adjudicación previsto para la concesión de las ayudas, señalando que la repartición por simple orden de llegada no prioriza la renta de las familias ni atiende a criterios de justicia fiscal y política social.





















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