Alberto Reina denuncia las “deficiencias, oscurantismo y errores de gestión del anterior equipo socialista con relación al Palacio de Congresos”
Durante el Pleno celebrado el 31 de julio de 2025, el concejal del Grupo Popular, Alberto Reina, defendió el inicio del expediente para adjudicar la explotación del Palacio de Congresos y su complejo hotelero, así como el estudio de viabilidad correspondiente. El punto fue aprobado pese al voto en contra del Grupo Socialista.
20 años de deficiencias y falta de transparencia
Reina expuso que desde 2005, cuando se inició el expediente original de concesión, el proyecto ha estado marcado por deficiencias estructurales, ausencia de control municipal, falta de documentación adecuada para su apertura y la inexistencia de ingresos para el Ayuntamiento por parte del concesionario.
“Ni el estudio de viabilidad ni el pliego de condiciones incluían un canon de explotación. Durante dos décadas no se ingresó ni un euro”, afirmó el concejal. Incluso la recepción de la obra fue realizada por un administrativo sin supervisión técnica adecuada.
Renuncia de la concesionaria y reacción nula del gobierno anterior
Tras el impacto de la pandemia en 2020, la empresa adjudicataria anunció su renuncia a la concesión. Reina denunció que el anterior equipo de gobierno socialista fue incapaz de iniciar nuevos trámites, dejando al Palacio de Congresos sin actividad, al personal en situación de incertidumbre y al Ayuntamiento expuesto a juicios millonarios.
Se intentó un acuerdo económico para evitar litigios, valorado entre 8 y 10 millones de euros, pero el proyecto fue abandonado al revelarse deficiencias técnicas por valor superior a 8 millones.
Concesión judicializada y necesidad urgente de intervención
Actualmente, la concesión está judicializada y la empresa se encuentra en concurso de acreedores. El equipo de gobierno ha optado por mantenerla en funcionamiento para evitar vandalismo en las instalaciones y deterioro mayor.
Nueva hoja de ruta para recuperar la infraestructura
Reina detalló que los 8 millones necesarios para recuperar la operatividad de los edificios serán costeados por el concesionario saliente mediante liquidación, sin impacto directo para el Ayuntamiento. Propuso incluir las obras en el nuevo pliego, lo que permitiría que una empresa privada las ejecute con mayor eficiencia, reduciendo el coste a 6,6 millones gracias a los ajustes fiscales y operativos.
Compromiso con la transparencia y la reactivación turística
“En veinte años no han sido capaces de adjudicar correctamente esta concesión, ni de proteger el interés municipal”, criticó Reina. El nuevo estudio de viabilidad será publicado para consulta pública, permitiendo a empresas interesadas conocer detalles y realizar aportaciones.
Con esta iniciativa, el Grupo Popular busca recuperar una infraestructura turística clave, dar respuesta a las necesidades laborales de los trabajadores afectados, y revertir una gestión que el edil calificó como “oscura, negligente y económicamente ruinosa”.
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