Castilla-La Mancha ya lidera en solitario la gestión de la dependencia en España, por delante del resto de comunidades autónomas

Madrid, 13 de marzo de 2026. Castilla-La Mancha lidera en solitario la gestión de la dependencia en España, según el XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia presentado en el Congreso de los Diputados. La región obtiene una puntuación de 8,25 sobre 10, la más alta del país.

Este reconocimiento llega en un momento especialmente positivo para el sistema regional, que atiende a más de 82.000 personas, ofrece más de 118.000 prestaciones y servicios y genera más de 27.500 empleos vinculados al sector. La resolución media de expedientes se sitúa en 165 días, aproximadamente la mitad de la media nacional.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha subrayado que este liderazgo “es una tranquilidad para miles de familias” y refleja una apuesta política sostenida por las políticas sociales. Ha destacado el trabajo de profesionales, entidades del Tercer Sector y servicios públicos que sostienen el sistema.

Del suspenso al liderazgo nacional

La valoración de Castilla-La Mancha ha pasado del 4,6 en 2015 al 8,25 actual, consolidando una evolución que ha convertido al sistema regional en un pilar del bienestar, con recursos como residencias, centros de día, viviendas, ayuda a domicilio, teleasistencia, SEPAP y prestaciones económicas.

El Observatorio señala que solo cuatro comunidades cumplen los plazos legales de resolución y solo seis aprueban en su informe, con Castilla-La Mancha a la cabeza.

Reclamación de corresponsabilidad financiera

El Gobierno regional ha insistido en la necesidad de que el Estado cumpla con la financiación prevista en la Ley de Dependencia, con un reparto del 50% entre Estado y comunidades autónomas. Actualmente, Castilla-La Mancha asume el 71% del coste.

García Torijano ha señalado que garantizar derechos en zonas rurales y despobladas exige una financiación ajustada al coste real de los servicios.

20 años de la Ley de Dependencia

En el año del 20º aniversario de la Ley, el Gobierno regional considera este reconocimiento un impulso para seguir reduciendo tiempos, ampliando prestaciones y reforzando la atención a quienes más lo necesitan.

La consejera ha recordado que estas políticas forman parte del modelo de bienestar defendido en el Estatuto de Autonomía y ha lamentado que las negociaciones con el Partido Popular para su reforma no hayan prosperado.