UCIN Castilla-La Mancha denuncia el «caos jurídico» de las balizas V-16 y exige responsabilidades ante su posible anulación

Ricardo Cutanda advierte que la falta de transparencia del Gobierno ante Bruselas deja la normativa en una situación de «indefensión»

Castilla-La Mancha, 21 de febrero de 2026. La formación política independiente UCIN Castilla-La Mancha, encabezada por su presidente regional Ricardo Cutanda, ha denunciado hoy la situación de incertidumbre legal generada por la normativa de las balizas V-16 conectadas. La formación reacciona así ante la posibilidad de que la Comisión Europea anule la norma española debido a que el Gobierno no notificó el reglamento técnico preceptivo a Bruselas.

Cutanda ha calificado la gestión de esta transición tecnológica como una “chapuza administrativa histórica” que ha obligado a millones de ciudadanos a realizar un gasto bajo una premisa de obligatoriedad que carece de validez legal en el marco de la Unión Europea. Según el presidente de UCIN C-LM, se han generado cerca de mil millones de euros en ventas de dispositivos bajo una norma «inaplicable».

Posible nulidad de las sanciones

Desde UCIN subrayan que la jurisprudencia europea establece que cualquier norma técnica nacional no notificada a la Comisión es inaplicable. Esto implica, según la formación, que las sanciones impuestas a los conductores podrían ser nulas de pleno derecho. «Los ciudadanos tendrían base legal para recurrir y anular dichas multas», afirma la organización independiente.

“El Gobierno ha forzado una transición tecnológica que no ha sabido tramitar legalmente en Europa”, ha denunciado Cutanda, quien cuestiona quién asumirá el coste económico para las familias si la norma es finalmente derogada por imponer barreras comerciales ilegales.

Exigencia de responsabilidades políticas

UCIN Castilla-La Mancha ha instado a los representantes regionales en el Congreso y el Senado a pedir explicaciones inmediatas al Ministerio del Interior y a la Dirección General de Tráfico (DGT). La formación se ha puesto a disposición de los afectados para asesorarles ante lo que consideran un “engaño masivo”.

Para concluir, Ricardo Cutanda ha reiterado que el partido no se opone a la seguridad vial, sino a la «incompetencia política» que traslada los errores de la administración al bolsillo del ciudadano.

Denuncia principal: Falta de notificación del reglamento técnico a la Unión Europea.
Impacto económico: Estimado en mil millones de euros en dispositivos V-16.
Acción propuesta: Paralización de sanciones y asesoramiento a los conductores afectados.