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Rubén Herrero de Castro reclama un Plan Nacional de Infraestructuras y critica los fondos destinados a trenes extranjeros mientras Albacete sigue aislada

Rubén Herrero de Castro

El candidato de VOX al Congreso por la provincia, Rubén Herrero de Castro, participa en el debate «Hablemos de economía» para exigir el desbloqueo de la autovía A-32 y criticar la inversión ferroviaria exterior.

ALBACETE, 17 de noviembre de 2026

El candidato de VOX al Congreso de los Diputados por la provincia de Albacete, Rubén Herrero de Castro, ha participado en el debate electoral «Hablemos de economía» celebrado en la Diputación Provincial, donde ha expuesto las principales líneas de su programa económico y social, centradas en las infraestructuras locales, el alivio fiscal y la prioridad nacional.

Durante su intervención, Herrero de Castro ha definido a Albacete como «un cruce de caminos sin caminos», denunciando el abandono inversor que sufre la provincia. En este sentido, ha exigido el desbloqueo inmediato de la autovía A-32 —lamentando que apenas se haya ejecutado un kilómetro en dos décadas— y la recuperación del enlace ferroviario con Murcia con paradas en Hellín y Tobarra.

Plan Nacional de Infraestructuras y crítica ferroviaria

Asimismo, el candidato ha reclamado un Plan Nacional de Infraestructuras y ha criticado que el Ejecutivo central haya destinado 2.254 millones de euros a redes ferroviarias en Marruecos, Egipto y Uzbekistán mientras las líneas nacionales arrastran deficiencias. Asimismo, ha tenido un recuerdo para las víctimas de tragedias ferroviarias recientes y ha abogado por la transparencia en los fondos de seguridad y la gestión de empresas públicas como Adif.

Vivienda, inmigración y fiscalidad

En materia de vivienda y demografía, ha defendido aplicar la prioridad nacional en ayudas y vivienda protegida, además de un programa de remigración. En el ámbito económico, ante una recaudación récord y el endeudamiento público, ha propuesto una reforma del IRPF (con tipos del 15% y 25%) financiada mediante la supresión de más de 50.000 millones de euros en gasto político superfluo para blindar las pensiones, apoyar al campo y reducir trabas a los autónomos.

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