La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO y la Asociación Española de Agentes Medioambientales denuncian que la instrucción 2/2018 de la Consejería de Desarrollo Sostenible genera inseguridad jurídica y retrasa la remisión de atestados.
Los agentes medioambientales actúan como policía judicial en esta materia, por lo que la Ley de Enjuiciamiento Criminal les obliga a comunicar de inmediato los delitos o presuntos delitos a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal. Ambas organizaciones advierten de que este trámite puede emplearse como un filtro para decidir qué llega a la Fiscalía y qué se queda en las delegaciones, asegurando tener documentados atestados que no llegan a sede judicial.
Dilema legal y expediente a un agente
El colectivo señala el dilema entre obedecer la instrucción interna o cumplir la ley bajo riesgo de responsabilidad penal. En esta situación se encuentra un miembro del cuerpo que ha sido expedientado —enfrentándose incluso a la suspensión de empleo y sueldo— por saltarse este trámite tras permanecer un presunto delito medioambiental con autor conocido «días y días» sin llegar a sede judicial. El agente afectado, Alfredo Poveda, ha advertido que no tolerará reproches por hacer bien su trabajo, calificando su caso como un «ataque a la dignidad del cuerpo», integrado por 5.000 profesionales en toda España.
Asimismo, el integrante de la coordinadora regional de agentes medioambientales de CCOO, Gustavo Beltrán, ha recordado que el pasado 23 de octubre el sindicato registró un escrito solicitando a la Consejería el número de denuncias cursadas, tramitadas y su estado actual, sin haber recibido respuesta por el momento.
Reivindicaciones laborales y descenso de plantilla
Por su parte, la responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Castilla-La Mancha, Carmen Juste, ha criticado que al final de la legislatura el cuerpo no ha registrado avances laborales, mientras sus efectivos han pasado de 600 en 2011 a menos de 500 en la actualidad pese al incremento de funciones en emergencias como incendios, DANAs, rescates o crisis sanitarias.
Entre las demandas planteadas figuran la revisión de la orden de horarios, el paso a segunda actividad, una compensación económica por el aumento de funciones y la mejora del equipamiento y la flota de vehículos. Finalmente, el vocal de AEAFMA, Arturo García Bernat, ha avanzado que valorarán y adoptarán las medidas oportunas en defensa de los derechos y funciones del colectivo.





















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