El Gobierno de Castilla-La Mancha refuerza el diálogo asociativo para culminar la Ley de Accesibilidad Universal
El comisionado José Luis Escudero mantiene un encuentro con Cocemfe en Albacete para integrar las demandas del sector en un texto legal que se espera para antes del verano.
El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa impulsando la elaboración de la futura Ley de Accesibilidad Universal mediante un proceso de escucha activa. El comisionado para la Accesibilidad, José Luis Escudero, ha mantenido una reunión de trabajo en Albacete con responsables de Cocemfe y Castilla-La Mancha Inclusiva en el Centro Infanta Leonor.
Este encuentro forma parte del compromiso del Ejecutivo autonómico por diseñar una norma transversal que responda a las realidades sociales actuales, cumpliendo con la directriz del presidente Emiliano García-Page de integrar a las entidades de la discapacidad en las políticas públicas.
Una actualización necesaria tras tres décadas
Escudero ha subrayado que la normativa vigente, con más de 30 años de antigüedad, requiere una revisión profunda para adaptarse a los cambios tecnológicos, urbanísticos y demográficos. El objetivo es que la accesibilidad no sea solo física, sino también sensorial y cognitiva, permitiendo que cualquier entorno o servicio sea comprensible y utilizable por cualquier persona con autonomía.
“La accesibilidad universal no es un ámbito sectorial, sino un derecho que atraviesa todos los espacios de la vida cotidiana y beneficia a la sociedad en su conjunto”, ha afirmado el comisionado.
Proceso participativo y plazos
El portal de participación institucional ya recoge aportaciones de ciudadanos, empresas y profesionales. Los bloques temáticos de la ley —que incluyen urbanismo, transporte y espacios naturales— se irán publicando hasta finales de junio. El cronograma del Gobierno regional prevé:
- Antes del verano: Disponer del borrador definitivo del texto legal.
- Segundo semestre: Aprobación del anteproyecto por el Consejo de Gobierno e inicio de la tramitación parlamentaria.
“Queremos una ley moderna que facilite soluciones técnicas viables y que responda al interés general, buscando el máximo consenso político en las Cortes regionales”, ha concluido Escudero.
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