La Diputación moviliza 1 millón de euros para vivienda en 39 pequeños municipios de Albacete

ALBACETE, 6 de julio de 2026. La Diputación de Albacete ha resuelto la concesión de las ayudas correspondientes a la convocatoria de Vivienda Municipal 2026, con un presupuesto total de 1.000.000 de euros que beneficiará directamente a 39 localidades de la provincia de menos de 2.000 habitantes.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la visión social del Gobierno Provincial de Santi Cabañero, recordando que el acceso a un hogar es el pilar del artículo 47 de la Constitución Española y un derecho esencial para que cada persona pueda desarrollar su vida en libertad.

Recuperación del patrimonio y nuevas oportunidades

La resolución detalla el profundo impacto que tendrán estos fondos en el territorio, con subvenciones que, en la mayoría de los consistorios, alcanzan los 28.500 euros.

Proyectos destacados:

Rehabilitación de casas de maestros: Letur, Aýna y Paterna del Madera
Acondicionamiento de casas de médicos: Peñascosa y Povedilla
Recuperación de vivienda de agente forestal: Riópar
Adquisición de solares para nueva vivienda: San Pedro, Abengibre y Lezuza
Derribo de inmuebles ruinosos: Villapalacios (para disponer de suelo para vivienda social)

Una «mirada rural» frente a la despoblación

Esta resolución cristaliza el compromiso del Gobierno de la Diputación por incorporar «una mirada rural al problema de la vivienda», compensando unas estrategias estatales que a menudo se centran en las grandes urbes.

Como explicó el vicepresidente provincial, Fran Valera, la inversión permite atacar una problemática doble en el territorio: frenar el deterioro de las viviendas vacías en los cascos históricos y evitar que los ayuntamientos tengan que expandir sus calles mientras el centro de los municipios pierde habitantes.

Agilidad administrativa y retorno social

La Diputación ha dispuesto el pago anticipado del 100% del importe concedido a todos los ayuntamientos beneficiarios, dotándoles de liquidez inmediata para garantizar el éxito de las obras.

A cambio, los ayuntamientos tendrán un plazo máximo de cinco años para acreditar que estas viviendas o solares se han puesto a disposición de la ciudadanía siguiendo criterios socioeconómicos.