El PSOE denuncia símbolos franquistas en el Pleno del Ayuntamiento de Albacete
Albacete, 27 de noviembre de 2025. El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que el alcalde Manuel Serrano permite al concejal no adscrito y expulsado de VOX, José Ramón Conesa, exhibir símbolos preconstitucionales como la bandera franquista y el emblema de Falange Española “porque necesita asegurarse sus votos”.
Solicitud de informe
El portavoz socialista, José González, anunció que solicitará un informe a la Secretaría General del Ayuntamiento para determinar si esta actitud vulnera la Ley de Memoria Democrática. González criticó que el alcalde permita la apología de la dictadura franquista en el Pleno para garantizar apoyos a sus propuestas y presupuestos.
Debate en el Pleno
La polémica surgió a raíz de una moción presentada por Conesa para pedir la dimisión y declarar persona non grata al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La propuesta fue apoyada por los concejales no adscritos, junto a Partido Popular y VOX. Según González, Serrano “no ha dudado en colocarse al lado de la ultraderecha” para mantener una mayoría absoluta que no logró en las urnas.
Crítica a los concejales no adscritos
El portavoz socialista señaló que los concejales no adscritos no han presentado propuestas que beneficien a la ciudadanía, pese a percibir un sueldo como liberados al 50%. González denunció que cada sesión plenaria cuesta más de 2.000 euros por concejal, lo que supone cerca de 200.000 euros hasta la fecha y alcanzará los 300.000 euros al final del mandato.
Pago de favores
González afirmó que las nóminas de los concejales no adscritos son “el precio” de sus votos, permitiendo mociones con insultos y gestos que bordean la apología del franquismo. Advirtió que estas iniciativas ponen en riesgo los valores constitucionales y alimentan la división y el odio.
Llamamiento a la responsabilidad
El portavoz socialista reclamó responsabilidad al conjunto de partidos, especialmente al PP y al alcalde Serrano, para no permitir que el Pleno se utilice para dinamitar la democracia. “No hay ningún interés político que justifique algo así”, concluyó González.
















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