El viceportavoz del Grupo Popular, Bernardo Ortega, destaca el consenso alcanzado en el Pleno provincial para defender a los más de 400 regantes de Albatana, Hellín y Tobarra tras más de veinte años de espera
Previamente a la sesión plenaria, una representación de la SAT Albatana encabezada por su presidente, Francisco Javier Sánchez —presentes también en el salón de Plenos—, mantuvo un encuentro de trabajo con el portavoz y el viceportavoz del Grupo Popular, Antonio Serrano y Bernardo Ortega.
Una inversión de 5,3 millones de euros pendiente de concesión
Según ha expuesto el viceportavoz popular, los regantes de Albatana, Hellín y Tobarra «no están pidiendo privilegios ni nuevos recursos hídricos», sino que las Administraciones cumplan lo que ellas mismas aprobaron, financiaron y supervisaron. En este sentido, Ortega ha recordado que la actuación supuso una inversión total de 5,3 millones de euros —en la que los propios beneficiarios asumieron el 50 % del coste además de los avales exigidos— que permanece inutilizada ante la falta de concesión de agua por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).
«Los agricultores no pueden ser víctimas de las contradicciones de las propias Administraciones y hoy es un acto de justicia el respaldo unánime de la Diputación», ha subrayado Ortega, advirtiendo de la situación crítica a la que se enfrentan los más de 400 usuarios afectados en estos municipios albaceteños.
Exigencia de seguridad jurídica para el medio rural
Durante su intervención, el dirigente del Partido Popular ha señalado directamente la responsabilidad institucional del Gobierno central y del Ejecutivo autonómico: «La CHS está adscrita al Gobierno de España y, por tanto, el Ministerio no puede esconderse detrás de la Confederación. Es el Gobierno y la Junta de Comunidades quienes tienen en su mano resolver este tema», ha afirmado.
Ortega ha concluido agradeciendo el voto favorable del resto de grupos políticos de la corporación provincial, defendiendo que esta reivindicación trasciende siglas para garantizar seguridad jurídica a cientos de familias y proteger el empleo y los servicios públicos del medio rural: «Cuando se ahoga a un agricultor con sanciones y burocracia, se apaga un poco más la luz de un pueblo».
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