Francisco Navarro, Carmen Navarro, Josefa Montes y Antonio Martínez analizan con la junta directiva de la organización agraria el aumento de los costes de producción, la presión fiscal y la competencia de importaciones de terceros países.
Antes del encuentro, el cabeza de lista al Congreso, Francisco Navarro, ha defendido que los agricultores y ganaderos son empresarios y autónomos que sufren una elevada presión fiscal que reduce su margen para afrontar suministros básicos o acometer inversiones en equipamientos.
Asimismo, Navarro ha denunciado la desigualdad de condiciones frente a las importaciones de terceros países y el exceso de cargas administrativas: «Hace falta un Gobierno que se sienta orgulloso de sus agricultores y que reconozca el trabajo extraordinario que realizan mejorando día a día la calidad de los productos que se obtienen del campo», ha señalado, subrayando que «el futuro de España pasa por el futuro del campo».
Preocupación por los costes de producción y el relevo generacional
Por su parte, los representantes de ASAJA han trasladado su preocupación por el incremento de los costes de producción —combustibles, energía, fertilizantes, fitosanitarios y otros suministros—, advirtiendo de que esta situación compromete la rentabilidad de las explotaciones, dificulta la incorporación de jóvenes y amenaza el relevo generacional.
Las medidas expuestas por el Partido Popular
Para garantizar la viabilidad del sector y frenar la despoblación, Francisco Navarro ha detallado cuatro líneas de actuación del programa de su formación:
- Fiscalidad diferenciada: Una política tributaria adaptada a la realidad de la actividad agraria y ganadera.
- Reducción de cargas: Disminución de la burocracia y de los costes de producción.
- Defensa frente a la competencia desleal: Un pacto nacional que garantice la reciprocidad comercial, refuerce los controles en frontera y active cláusulas de salvaguarda inmediatas ante importaciones que no cumplan las exigencias europeas.
- Estabilidad y evaluación rural: Medidas de estabilidad de rentas y un mecanismo rural de garantías para evaluar el impacto de cada norma en los pueblos antes de su aprobación.





















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